España se ha visto inmersa en la crisis más grave sucedida desde la Guerra Civil, y al igual que un terremoto abre grietas, mostrando el interior de la tierra, así este virus las ha abierto en canal nuestro sistema público, mostrando sus carencias, básicamente en la gestión sanitaria, educativa y de servicios sociales.
Que el virus atacara de una manera alevosa e inesperada en su rápida propagación, ha puesto de manifiesto las debilidades en que se encontraba el sistema público de Salud en general y el madrileño en particular. Durante años, un erróneo sistema de gestión privada, fundamentada en una rentabilidad económica ha ido esquilmando de recursos, materiales y humanos, cuyas consecuencias hemos podido constatar con UCI’s colapsadas, falta de respiradores, escasez de personal sanitario, plantas hospitalarias cerradas. Las primeras semanas de la pandemia fueron un caos y una tragedia con resultado de muerte, que había sido anunciada desde hacía años por colectivos sanitarios, con poco éxito.
También esta crisis sanitaria puesto de manifiesto problemas en los centros educativos públicos, los primeros en tener que ser cerrados para controlar la propagación del contagio en un principio. El exceso de ratios por clases, la falta de recursos y de espacio, el ajuste presupuestario hace que el futuro de la reincorporación de los niños y niñas a los centros escolares se muestre lleno de negros nubarrones. También este área ha sido víctima de los recortes durante años, denunciados por el profesorado, las familias, los municipios.
Qué decir de las residencias de mayores, que han sido lo sujetos de una tragedia que se ha llevado por delante a casi veinte mil personas, que en ocasiones fallecieron de una manera muy alejada de ser digna. Residencias que han adolecido de la suficiente supervisión en un momento que nos ha desbordado a todos y todas. Por no hablar de la dependencia, también mal gestionada, con un alto coste en calidad de vida de sus usuarios y familiares.
No es el momento de reproches ni de señalar a los culpables: sabemos quiénes son, y desde cuándo. Es el momento de reconocer que los servicios públicos son los únicos que garantizan un estado igual y justo, un estado de derecho que nuestra Constitución avala, porque son capaces de llegar a todos y todas independientemente de su renta.
Por eso han de protegerse, para que nos protejan a todos. Su gestión debe ser controlada, revisada, inspeccionada por las administraciones competentes, para que los recursos públicos de los que se nutren sean utilizados tal y como están establecidos, huyendo de la posibilidad de considerar lo público como negocio, porque su rentabilidad se ha de medir en la mejora que ocasiona en la vida de la ciudadanía, no en el balance de resultados de una empresa gestora.
Tenemos que entender de una vez que los servicios públicos son un escudo que ha de recibir todos los medios necesarios de financiación y personal para que, si se diera de nuevo el caso, la respuesta pueda ser mucho más rápida, efectiva y menos dolosa que esta que nos ha traído el Covid19.
En esta “nueva normalidad” corrijamos aquello que nos ha hecho tan vulnerables, y cimentemos fuertes y seguros los pilares del Estado de Bienestar.
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