El dolor selectivo de Ayuso

 

Isabel Díaz Ayuso ha convertido el duelo en una herramienta política. No todas las víctimas merecen el mismo respeto institucional ni el mismo reconocimiento público: todo depende de si su dolor refuerza su relato o, por el contrario, lo pone en cuestión. Si el luto la favorece, y no hablamos de ropajes, o por el contrario la señala a ella o a su partido

El reciente funeral organizado en Madrid por las víctimas de Adamuz es un ejemplo claro de esta política del gesto selectivo. Ayuso se presenta envuelta en solemnidad, reivindicando empatía y respeto, y utilizando el lenguaje del luto colectivo. Sin embargo, esa sensibilidad desaparece cuando las víctimas señalan directamente a su propia gestión.

Durante la pandemia, más de 7.000 personas murieron en residencias de mayores en la Comunidad de Madrid sin ser derivadas a hospitales. No hubo funeral institucional, ni homenaje público, ni un reconocimiento oficial del daño causado. Las familias, lejos de ser escuchadas, fueron despreciadas desde el poder. La propia presidenta las ha descalificado, acusándolas de formar “plataformas de frustrados”, una expresión que revela hasta qué punto se optó por la confrontación y el insulto en lugar de la reparación y la memoria.

El mismo patrón se repite con las víctimas de la DANA. Ante una tragedia con consecuencias humanas evidentes, el Gobierno de la Comunidad de Madrid optó por el silencio institucional. Ni duelo oficial ni gestos simbólicos. La ausencia de actos públicos fue también una forma de mensaje político subliminal: el dolor que no conviene, se invisibiliza.

Esta selección interesada del duelo no es neutral ni inocente. Ayuso distingue entre víctimas útiles y víctimas incómodas. A las primeras se las eleva como símbolo; a las segundas se las niega, se las desacredita o se las borra del espacio público. Es una estrategia calculada que instrumentaliza el sufrimiento ajeno para proteger un relato de éxito y evitar cualquier asunción de responsabilidades.

El duelo institucional no puede ser una herramienta de propaganda ni una trinchera ideológica. Cuando una presidenta decide qué muertos merecen memoria y cuáles merecen desprecio, se rompe algo más profundo que la coherencia política: se rompe la dignidad democrática. Porque el respeto a las víctimas no debería depender nunca del interés electoral de quien gobierna.

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