No basta con decir "soy maricón": la incoherencia del PP ante las terapias de conversión

 

Hay discursos que emocionan, hay votaciones que los desmienten.

El diputado del Partido Popular Jaime de los Santos pronunció en el Congreso una intervención que muchos aplaudieron cuando afirmó: "Soy del PP, soy maricón y me siento muy orgulloso de ambas cosas". Reivindicó el amor de sus padres, católicos y de derechas, como ejemplo de aceptación y lanzó un mensaje contra la homofobia.

El problema es que ese mensaje no se pronunciaba  en un debate cualquiera. Se debatía una reforma del Código Penal para castigar las llamadas terapias de conversión, prácticas que pretenden modificar o reprimir la orientación sexual o la identidad de género de una persona. Mientras Jaime de los Santos hablaba de orgullo, su partido se abstenía. Ahí es donde aparece la contradicción.

Porque los derechos no se defienden únicamente desde la tribuna. Se defienden cuando llega el momento de pulsar el botón de votar.  Una abstención no es neutral cuando se trata de decidir si quienes someten a personas LGTBI a prácticas degradantes deben responder penalmente. En política, la abstención también envía un mensaje. Pero cuesta comprender por qué un partido que presume de haber integrado plenamente a dirigentes homosexuales no es capaz de respaldar una medida dirigida precisamente a proteger a gays, lesbianas, bisexuales y personas trans de unas prácticas ampliamente denunciadas por organizaciones de derechos humanos y por numerosas asociaciones profesionales.

La contradicción se vuelve aún más evidente porque el propio Jaime de los Santos ha construido buena parte de su perfil político reivindicando la igualdad del colectivo LGTBI. Su discurso del Congreso transmitía orgullo, dignidad y visibilidad. Sin embargo, el voto de su grupo parlamentario proyectó cobardía donde muchos esperaban compromiso.

No sorprende, por tanto, la durísima respuesta del diputado socialista Víctor Gutiérrez, que llegó a afirmar que De los Santos era "una vergüenza para el colectivo" por situarse, a su juicio, del lado de quienes impedían un avance en derechos,  es decir, la distancia entre el discurso y el voto.

Porque ser un referente LGTBI dentro de un partido conservador tiene mérito. Pero ese mérito pierde fuerza cuando la organización a la que perteneces evita apoyar una norma destinada a proteger precisamente al colectivo del que formas parte.

La verdadera pregunta no es si se puede ser gay y del PP, claro que se puede. La pregunta es otra: ¿de qué sirve reivindicar con orgullo la propia orientación sexual si, cuando toca legislar para proteger a quienes sufren la homofobia, el partido opta por abstenerse?

En democracia, las palabras construyen relatos. Los votos construyen derechos.

Cuando ambos caminan en direcciones distintas, la incoherencia deja de ser una opinión para convertirse en un hecho político.

No obstante esta es una historia con final feliz. La iniciativa del PSOE superó el trámite con 178 votos a favor, 32 en contra de VOX, partido tan necesario para el PP en este momento para gobernar en las comunidades autónomas... Ahí lo dejo.

 FOTO: PÚBLICO

¿Mentir ya no es pecado?

  

Si ha habido un acontecimiento que ha hecho vibrar los cimientos sociales ha sido la visita del León XIV. Este hecho suele despertar siempre  emociones intensas. Para millones de creyentes representa la llegada del máximo referente espiritual de la Iglesia católica, una oportunidad para escuchar un mensaje de fe, reflexión y compromiso moral. Las imágenes se repiten: autoridades civiles en primera fila, discursos solemnes, apretones de manos, gestos de respeto y palabras de admiración. Sin embargo, hay algo que cada vez resulta más difícil ignorar: la presencia entusiasta de políticos cuya trayectoria pública está marcada por promesas incumplidas, medias verdades y, en ocasiones, mentiras demostradas. Y entonces surge una pregunta incómoda: ¿mentir ya no es pecado?

La tradición cristiana ha sido clara durante siglos. El octavo mandamiento, “no darás falso testimonio ni mentirás”, no deja demasiado espacio para interpretaciones ambiguas. La mentira no es una falta menor ni una simple estrategia de comunicación; es una conducta que erosiona la confianza entre las personas y debilita los fundamentos de la convivencia. Sin verdad, la palabra pierde valor y la sociedad se convierte en un escenario donde todo puede justificarse.

Por eso llama la atención la naturalidad con la que muchos dirigentes políticos participan en ceremonias religiosas, se muestran devotos ante las cámaras y reciben bendiciones mientras continúan practicando en la vida pública aquello que la doctrina moral que dicen respetar condena expresamente. No se trata de cuestionar la fe íntima de nadie. Cada persona mantiene una relación personal con sus creencias y con su conciencia. Lo paradójico aparece cuando la exhibición pública de religiosidad convive con una práctica política basada en la manipulación, la desinformación o la falsedad.

Quizá algunos argumenten que la política siempre ha sido un terreno imperfecto. Es cierto. La historia está llena de ejemplos de gobernantes que utilizaron la mentira como herramienta de poder. Pero precisamente por eso las religiones han insistido tanto en la importancia de la verdad. La exigencia ética no está pensada para los santos, sino para quienes enfrentan las tentaciones cotidianas del poder, la ambición y el interés personal.

La paradoja se vuelve aún más evidente cuando observamos la reacción social. Hace no tanto tiempo, descubrir que un dirigente había mentido de forma flagrante podía costarle el cargo o, al menos, una importante pérdida de credibilidad. Hoy parece que muchas mentiras apenas generan un breve escándalo antes de desaparecer bajo una nueva ola de titulares. La mentira se ha normalizado hasta el punto de convertirse en un elemento más del paisaje político.

En este contexto, la visita de una autoridad religiosa debería ser una ocasión para recordar la importancia de la coherencia entre los valores proclamados y las conductas reales. La fe no puede reducirse a una fotografía protocolaria ni a un gesto de reverencia frente a las cámaras. Si la verdad sigue siendo un valor central en la tradición cristiana, también debería serlo en la vida pública de quienes se presentan como creyentes.

La cuestión de fondo no es si un político tiene derecho a asistir a un acto religioso. Por supuesto que lo tiene. La cuestión es si la sociedad está dispuesta a aceptar sin más la contradicción entre los principios que se exhiben y las prácticas que se ejercen. Porque cuando la mentira deja de tener consecuencias, el problema ya no es únicamente moral o religioso: se convierte en un problema democrático.

Tal vez la pregunta correcta no sea si la mentira ya no es pecado. Quizá siga siéndolo exactamente igual que siempre. Lo que parece haber cambiado es nuestra tolerancia hacia ella. Y esa puede ser una noticia mucho más preocupante que cualquier contradicción individual. Porque una sociedad que deja de exigir verdad a sus dirigentes corre el riesgo de olvidar que la confianza, una vez perdida, es mucho más difícil de recuperar que cualquier elección o cualquier mandato político.

Quizá la mentira siga siendo pecado. Lo que parece haber dejado de ser es un obstáculo para alcanzar el poder, conservarlo o incluso presentarse como ejemplo de virtud.

Porque la ética empieza donde termina el doble rasero

Cada vez que escucho a un político exigir ejemplaridad a sus adversarios, me hago la misma pregunta: ¿aplicaría ese mismo nivel de exigencia a los suyos?

En democracia, exigir transparencia, honestidad y responsabilidad a quienes gobiernan no debería ser una cuestión ideológica. Es una exigencia básica de cualquier sociedad que aspire a confiar en sus instituciones.

Por eso resulta llamativo cuando un partido construye buena parte de su discurso sobre los errores, escándalos o posibles irregularidades de sus adversarios, mientras muestra una tolerancia mucho mayor hacia los problemas que aparecen en su propio entorno.

En Madrid, el debate político convive con hechos que invitan a la reflexión: varios expresidentes autonómicos del mismo espacio político han estado implicados en procedimientos judiciales; la situación de la pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso sigue siendo objeto de investigación y controversia pública; y muchos ciudadanos expresan una creciente preocupación por el estado de servicios públicos esenciales como la sanidad o la educación.

No se trata de decidir quién lo ha hecho peor. Tampoco de negar que la corrupción, la mala gestión o las conductas impropias puedan aparecer en cualquier partido. La cuestión es otra: ¿se aplican los mismos criterios a todos?

La credibilidad moral de una crítica depende de la disposición a someterse a las mismas reglas que se exigen a los demás. Cuando la indignación cambia según quién sea el protagonista, deja de ser una cuestión de principios para convertirse en una cuestión de conveniencia.

La democracia necesita vigilancia, pero también coherencia. Porque la corrupción no tiene color político, la mala gestión no entiende de siglas y la ética pública solo tiene sentido cuando se aplica por igual a amigos y adversarios.

La verdadera integridad no consiste en señalar los errores ajenos, sino en reconocer los propios con la misma firmeza.

Porque la ética empieza donde termina el doble rasero.

 

 

Foto. (c) Mafalda. Quino.