Una puede llevar muchos años en política, asistir a plenos, leer boletines oficiales, seguir votaciones parlamentarias y saber que en democracia las mayorías se construyen, se rompen y cambian. Pero hay días en los que una votación deja detrás de los números una pregunta difícil de apartar de la cabeza.
Ayer el Congreso de los Diputados rechazó los dos reales decretos-ley del Gobierno en materia de vivienda que acababan de entrar en vigor.
El primero fue rechazado por 178 votos frente a 172. El segundo, por 184 frente a 166. Con el primero decayeron, entre otras medidas, determinadas protecciones frente a los desahucios, prórrogas extraordinarias de los contratos de alquiler, medidas sobre actualización de rentas y otras disposiciones relacionadas con el acceso y permanencia en la vivienda. El segundo establecía la renovación automática de determinados contratos de alquiler, salvo que el propietario acreditara una causa justificada para no hacerlo.
Todo eso ha durado muy poco. En el caso de la renovación automática de los alquileres, apenas unas horas. Y aquí es donde, para mí, empieza la verdadera reflexión.
Porque detrás de un decreto, de un artículo de una ley y de una votación parlamentaria hay personas. Personas que pagan un alquiler cada mes. Personas mayores. Familias. Jóvenes que quieren emanciparse. Personas que pueden encontrarse ante la incertidumbre de no saber si podrán continuar en su casa cuando termine su contrato.
La vivienda no es solamente una cuestión económica. Tampoco es exclusivamente un problema de mercado. Es, como reconoce nuestra Constitución, un derecho que obliga a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias para hacerlo efectivo.
Por supuesto, cualquier medida puede y debe ser discutida. Se puede considerar que una determinada regulación es insuficiente, excesiva, ineficaz o mejorable. Se puede discrepar de los mecanismos elegidos por un Gobierno. Se pueden plantear alternativas. En política democrática, todo eso forma parte del debate.
El precio de la vivienda, especialmente del alquiler, se ha convertido en una de las principales preocupaciones de muchas familias. Y cuando hablamos de vivienda hablamos también de igualdad, de oportunidades, de emancipación juvenil, de conciliación, de arraigo en nuestros barrios y, en definitiva, de la posibilidad de construir un proyecto de vida.
Quizá por eso me cuesta entender que una cuestión de esta dimensión pueda quedar reducida a una suma de votos. 172 frente a 178; 166 frente a 184. Son los números de ayer. Pero no cuentan toda la historia.
También existe otra realidad: la de los ayuntamientos. Los municipios estamos muchas veces en primera línea. Somos quienes escuchamos a los vecinos, quienes conocemos los problemas de nuestros barrios, quienes recibimos demandas de familias que buscan una solución. Podemos promover vivienda pública, gestionar suelo, impulsar rehabilitación, desarrollar programas de ayuda o mediación y utilizar las herramientas que tenemos a nuestro alcance.
Pero un ayuntamiento no puede resolver por sí solo un problema que tiene dimensiones económicas, sociales, fiscales, urbanísticas y regulatorias mucho mayores.
Por eso las políticas de vivienda necesitan coordinación entre administraciones. Y necesitan también algo que parece cada vez más difícil: acuerdos que permitan que una política pública tenga continuidad.
Ayer no se votó «la vivienda» en abstracto. Se votaron dos normas concretas. Conviene decirlo así para no convertir el debate en una caricatura. Los grupos parlamentarios que votaron en contra tienen sus propios argumentos y han defendido públicamente que las medidas no eran adecuadas o que había otras formas de abordar el problema. El resultado, sin embargo, es objetivo: ambas normas fueron rechazadas y dejaron de estar vigentes.
Y quizá esa sea precisamente la cuestión que deberíamos hacernos.
¿Qué hacemos ahora? Porque podemos discutir durante horas quién tiene la culpa, quién negoció mal, quién votó con quién o quién salió políticamente beneficiado de la derrota parlamentaria. Todo eso forma parte de la política y tendrá sus consecuencias. Pero mientras tanto, la pregunta de la persona que busca una vivienda sigue siendo exactamente la misma. ¿Dónde voy a vivir?
Ayer una mayoría del Congreso prefirió mantener su línea electoralista, sin un ápice de humanidad, siguiendo con el acoso y derribo del Gobierno, y sobre todo de su presidente. Que no nos despisten con argumentos que no tienen lógica ni base. Aquí manda el dinero, y solo el dinero, junto con la ambición de poder para seguir sirviéndolo.
Sed felices.
