En democracia, exigir transparencia, honestidad y responsabilidad a quienes gobiernan no debería ser una cuestión ideológica. Es una exigencia básica de cualquier sociedad que aspire a confiar en sus instituciones.
Por eso resulta llamativo cuando un partido construye buena parte de su discurso sobre los errores, escándalos o posibles irregularidades de sus adversarios, mientras muestra una tolerancia mucho mayor hacia los problemas que aparecen en su propio entorno.
En Madrid, el debate político convive con hechos que invitan a la reflexión: varios expresidentes autonómicos del mismo espacio político han estado implicados en procedimientos judiciales; la situación de la pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso sigue siendo objeto de investigación y controversia pública; y muchos ciudadanos expresan una creciente preocupación por el estado de servicios públicos esenciales como la sanidad o la educación.
No se trata de decidir quién lo ha hecho peor. Tampoco de negar que la corrupción, la mala gestión o las conductas impropias puedan aparecer en cualquier partido. La cuestión es otra: ¿se aplican los mismos criterios a todos?
La credibilidad moral de una crítica depende de la disposición a someterse a las mismas reglas que se exigen a los demás. Cuando la indignación cambia según quién sea el protagonista, deja de ser una cuestión de principios para convertirse en una cuestión de conveniencia.
La democracia necesita vigilancia, pero también coherencia. Porque la corrupción no tiene color político, la mala gestión no entiende de siglas y la ética pública solo tiene sentido cuando se aplica por igual a amigos y adversarios.
La verdadera integridad no consiste en señalar los errores ajenos, sino en reconocer los propios con la misma firmeza.
Porque la ética empieza donde termina el doble rasero.
Foto. (c) Mafalda. Quino.
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