Hay palabras que, de tanto repetirse, terminan adquiriendo apariencia de verdad. «Manipulación del censo» es una de ellas. Y la única manipulación existente es la derecha y ultraderecha española, que, temerosa de no volver a lograr el Gobierno de la nación, sigue royendo cualquier miserable alternativa para desgastar al actual.
En los últimos meses, y con especial intensidad en estos días, hemos escuchado que la llamada «Ley de Nietos» habría servido al Gobierno para inflar artificialmente el censo electoral con el propósito de alterar el resultado de unas futuras elecciones. Es una acusación muy grave. Y precisamente por eso conviene empezar por algo tan sencillo como acudir a los datos y distinguir conceptos que interesadamente se mezclan.
La llamada Ley de Nietos forma parte de la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022. Permite que determinados descendientes de españoles que tuvieron que abandonar el país por razones políticas, ideológicas o de persecución durante la Guerra Civil y la dictadura puedan acceder a la nacionalidad española. No se trata, por tanto, de una norma electoral, sino de una norma de reparación y reconocimiento de derechos. Que miles de personas hayan adquirido la nacionalidad española no significa automáticamente que hayan sido incorporadas al censo electoral de una circunscripción concreta. Y mucho menos significa que todas ellas vayan a votar.
Aquí aparece la primera trampa del discurso: nacionalidad, inscripción censal y voto son cosas diferentes.
Es cierto que el Censo Electoral de Españoles Residentes Ausentes (CERA) ha aumentado de forma muy importante. Hasta julio de 2026 se contabilizaban más de 408.000 nuevas inscripciones relacionadas con este proceso. Y también es cierto que la Ley de Memoria Democrática ha generado un volumen extraordinario de solicitudes: más de un millón habían sido tramitadas hasta finales de 2025.
Pero de ahí a afirmar que existe una operación política para «fabricar» un censo favorable a una determinada opción electoral hay un abismo. Porque hay otra pregunta que casi nunca se formula: ¿a quién votan esas personas? La respuesta honesta es que no lo sabemos. No existe ninguna papeleta que lleve escrito «nacionalizado por la Ley de Memoria Democrática». No existe un voto ideológicamente predeterminado por el lugar donde nació el abuelo o por las circunstancias en las que tuvo que exiliarse.
Es más: convertir a cientos de miles de ciudadanos españoles en un supuesto bloque electoral de izquierdas constituye una presunción política, no un dato. Y hay algo todavía más importante. Una persona que adquiere legalmente la nacionalidad española adquiere también los derechos políticos que corresponden a cualquier ciudadano español. No es razonable sostener que puede ser español para unas cosas pero no para votar. La ciudadanía no puede tener grados según la vía por la que se obtuvo. Esto es precisamente lo preocupante de lo sucedido ahora.
El Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente el derecho al voto de ciudadanos nacionalizados mediante esta vía que no hayan acreditado individualmente determinadas circunstancias de exilio. El Supremo considera que existe un «peligro fundado, real y serio» de afectación de la objetividad electoral. La decisión no demuestra que haya existido manipulación del censo ni que el Gobierno haya organizado un fraude electoral. Es una medida cautelar adoptada mientras se resuelve el fondo de la cuestión.
Aquí está, a mi juicio, el verdadero problema. Podemos discutir si los procedimientos administrativos utilizados fueron suficientemente rigurosos. Podemos exigir transparencia, trazabilidad y criterios homogéneos para determinar la inscripción electoral. De hecho, la propia Junta Electoral Central ha pedido aclaraciones al INE sobre cómo atribuir municipio de voto a estos nuevos ciudadanos. Lo que no deberíamos hacer es convertir una discusión administrativa y jurídica en la demostración de una conspiración política.
Porque una cosa es decir: «Hay que garantizar que el procedimiento sea impecable». Y otra muy diferente afirmar: «El Gobierno está manipulando el censo para ganar las elecciones». La primera es una exigencia democrática. La segunda necesita pruebas.
Hasta ahora, lo que tenemos es un aumento real de ciudadanos españoles y del CERA, una norma aprobada por las Cortes Generales, miles de expedientes tramitados y una controversia jurídica sobre cómo deben acreditarse determinadas circunstancias. No una prueba de que el Gobierno haya fabricado votos.
Quizá deberíamos recordar algo elemental: los españoles que viven fuera de España también son españoles. Sus abuelos pudieron marcharse huyendo de una guerra, de una dictadura, de la persecución o del hambre. Recuperar la nacionalidad que les fue negada durante décadas no convierte su voto en sospechoso. La democracia consiste precisamente en eso: en que los derechos no dependan de que nos guste o no el posible sentido de una papeleta.
Porque cuando se empieza a considerar sospechoso el derecho al voto de quien se cree que puede votar «al otro», el problema ya no está en el censo, el problema está en la ambición de romper las reglas de igualdad que son la base de nuestros derechos fundamentales, y en la manera de entender la democracia. Y curiosamente, siempre son los mismos.
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