sábado, 24 de octubre de 2026

"Rojo muerto, abono pa' mi huerto": la "la democracia" que vende la ultraderecha

 Qué quieren decir los términos ultraizquierda y ultraderecha (y cómo se usan en la actualidad) - BBC News Mundo

 Esta frase con la que titulo este artículo me interpela directamente, como miembro de un partido de izquierdas y cargo público. Es la expresión de un odio que empieza por negar al adversario y termina por convertir su desaparición en motivo de celebración.

Conviene detenerse un momento. ¿Qué estamos diciendo cuando deseamos que alguien muera por sus ideas políticas? ¿Qué clase de sociedad estamos construyendo cuando la muerte del que piensa diferente se convierte en una consigna que se corea, se comparte y hasta se presume? ¿En qué momento hemos decidido que la deshumanización del adversario es una forma aceptable de participar en la vida pública?¿Tendremos las personas de izquierda, los zurdos y zurdas,  ir mirando a nuestra espalda, como antaño, ante una posible agresión física o mirando en los bajos del coche?

Porque no estamos ante un hecho aislado. Llevamos demasiado tiempo asistiendo a una escalada de insultos, descalificaciones, bulos y deshumanización que encuentra en la ultraderecha uno de sus principales motores. Una estrategia que pretende sustituir los argumentos por el desprecio, el debate por la descalificación y la confrontación democrática por la división entre quienes merecen respeto y quienes, al parecer, no merecen siquiera seguir vivos.

Primero fueron las etiquetas. Después, los insultos. Más tarde, la mentira repetida hasta intentar convertirla en verdad. Y, cuando todo eso deja de ser suficiente, aparece la celebración de la muerte del contrario. Cada escalón prepara el siguiente. Cada barbaridad que queda sin respuesta abre la puerta a otra mayor. Así, lo que ayer nos habría escandalizado hoy se presenta como una ocurrencia y mañana quizá se convierta en una consigna habitual.

Ese es precisamente el peligro: acostumbrarnos.

La democracia no exige que nos gusten las ideas de los demás. Ni que renunciemos a combatirlas con firmeza. Al contrario, la democracia necesita discrepancia, oposición, crítica y confrontación política. Podemos considerar equivocadas, injustas o incluso peligrosas las propuestas de nuestros adversarios y tenemos el derecho —y la obligación— de combatirlas con argumentos, con votos y con la fuerza de nuestras convicciones.

Pero hay una frontera que no deberíamos cruzar nunca: la que separa la crítica política de la negación de la dignidad humana. ¿Defender los servicios públicos, la igualdad, los derechos laborales, las pensiones, la sanidad universal o la protección de quienes más lo necesitan no es una razón para merecer insultos, amenazas ni deseos de muerte?

Lo que no resulta legítimo es pretender que la violencia verbal forma parte del paisaje y que quienes la padecen deben aceptarla con una sonrisa, como si todo fuera una cuestión de tener más o menos sentido del humor.

Aquí hay una responsabilidad que va más allá de quien pronuncia la frase. También la tienen quienes la difunden, quienes ríen la ocurrencia, quienes miran hacia otro lado y quienes, pudiendo condenarla, prefieren guardar silencio porque el insulto se dirige contra alguien de otra ideología. La tolerancia con el odio cuando se dirige contra el adversario no es tolerancia: es complicidad con una forma de entender la convivencia que mañana puede volverse contra cualquiera.

Porque los derechos no pueden depender del color político de quien los ejerce. Y la dignidad tampoco.

Quizá quienes pronuncian ese lema crean que han encontrado una rima ingeniosa. Quizá piensen que el insulto les hace más fuertes, que el desprecio les da identidad o que el odio moviliza mejor que las propuestas. Pero una sociedad no se hace más fuerte cuando aprende a reírse de la muerte de sus ciudadanos. Se hace más pequeña. Más intolerante. Más vulnerable a quienes necesitan enemigos para justificar su propia existencia política.

Yo no quiero una sociedad en la que nadie tenga que esconder sus ideas por miedo a las consecuencias. No quiero que la discrepancia se convierta en una amenaza ni que el espacio público termine dominado por quienes gritan más fuerte y desprecian más profundamente. Quiero una sociedad en la que podamos discutir, enfrentarnos políticamente y defender proyectos diferentes sin dejar de reconocernos como personas.

Y si alguien necesita desear la muerte de otro para defender sus ideas, quizá debería preguntarse qué hay de tan débil en sus argumentos que necesita recurrir al odio.

La democracia no consiste en conseguir que desaparezca quien piensa diferente. Consiste en convivir con esa diferencia, combatirla cuando sea necesario y aceptar que nadie tiene derecho a convertir al adversario en enemigo de la vida.

Frente al «rojo muerto, abono pa' mi huerto», reivindico algo bastante menos ingenioso, pero infinitamente más civilizado: ninguna idea vale más que una vida, y ninguna diferencia política justifica el odio.

Por desgracia VOX y  el PP parecen haberlo olvidado. 

Sed felices.


 

sábado, 17 de octubre de 2026

Mucha "España", poco "españoles"

 Aguiluchos, saludos y otros símbolos prohibidos 

Una de las características de estos "patriotas" de medio pelo es estar todo el día apelando a España, pero pensar poco en su ciudadanía. No  hay más que ver las manifestaciones llenas de banderas, en muchos casos ni siquiera constitucionales ( ¡¡algunas de los Tercios !!), pero poco apelan a unos servicios públicos de calidad como son la sanidad, la educación, la dependencia, entre otros, que ayudan al Estado de bienestar.

Ayer el candidato del Partido Popular puso un post con la frase "España no se vende, España se defiende", aludiendo al problema de Ceuta y las relaciones con Marruecos. Siempre la cuestión territorial como si un pedazo de tierra fuera algo si la vida de sus habitantes no tiene la mínima dignidad.

Si el señor Núñez Feijóo pudiera leer este post (cosa que dudo mucho) le aclararía que España, cuando ellos gobiernan, se vende pedazo a pedazo. Porque eso es la privatización pura y dura: vender los servicios públicos al mejor postor, hurtando a españoles y españoles de la posibilidad de acceder a ellos en condiciones de igualdad.

Pero eso, a estos patriotas de bandera y tentetieso, se la trae al pairo. Se aferran a mover el espantajo de la invasión delante de quien se lo compra, que en muchas ocasiones, para nuestra sorpresa, lleva esperando una consulta con el especialista ocho meses, o que valoren a su madre con Alzheimer casi un año en comunidades gobernadas por el Partido Popular, que son la mayoría.

España se ha construido desde la diversidad y desde el principio. Pero ahora resulta que es la migración la causa de todos los males, sin darnos cuenta que migrantes somos, fuimos y, seguramente, seremos. Pero la prioridad nacional señala que primero aquellos que, como en el siglo XVI, son cristianos viejos. Una paletada digna de lo más casposo. La base de un programa vacío y sin fuste.

Y aquí llegamos al quid de la cuestión. ¿Por qué tanto insulto, tanto bulo, tanta violencia? Para tapar la carencia de ideas, de soluciones, de altura política. Y enfrente quien se lo compra, porque es mejor creer que la culpa es de Pedro Sánchez cuando no te dan cita en tu médico de familia que de la comunidad autónoma cuyo gobierno de derechas votó y que, además, no tiene ni idea de competencias ni responsabilidades.

Quisiera traer a colación una imagen que me impactó del enfrentamiento de los ultras contra los que, pacíficamente, se encuentran acampados en la Puerta del Sol. Tres chicas, tres adolescentes, toreando con la bandera patria a los jóvenes manifestantes. Habían convertido el símbolo que "tanto aman" en objeto de choteo y humillación. Terrible. Mucha España, pero poca empatía con los españoles.

En fin, mis queridos lectores, que nos queda mucha campaña por delante y debemos gestionar las fuerzas y los ánimos. No podemos permitir que en nombre de nuestro país nuestros compatriotas caigan en ese "sacrificio" que el candidato popular ha asegurado se nos viene encima.

Sed felices.


sábado, 3 de octubre de 2026

¿Dónde voy a vivir?

Así han sido las votaciones que han tumbado los dos decretos de vivienda del Gobierno

Una puede llevar muchos años en política, asistir a plenos, leer boletines oficiales, seguir votaciones parlamentarias y saber que en democracia las mayorías se construyen, se rompen y cambian. Pero hay días en los que una votación deja detrás de los números una pregunta difícil de apartar de la cabeza.

Ayer el Congreso de los Diputados rechazó los dos reales decretos-ley del Gobierno en materia de vivienda que acababan de entrar en vigor.

El primero fue rechazado por 178 votos frente a 172. El segundo, por 184 frente a 166. Con el primero decayeron, entre otras medidas, determinadas protecciones frente a los desahucios, prórrogas extraordinarias de los contratos de alquiler, medidas sobre actualización de rentas y otras disposiciones relacionadas con el acceso y permanencia en la vivienda. El segundo establecía la renovación automática de determinados contratos de alquiler, salvo que el propietario acreditara una causa justificada para no hacerlo.

Todo eso ha durado muy poco. En el caso de la renovación automática de los alquileres, apenas unas horas. Y aquí es donde, para mí, empieza la verdadera reflexión.

Porque detrás de un decreto, de un artículo de una ley y de una votación parlamentaria hay personas. Personas que pagan un alquiler cada mes. Personas mayores. Familias. Jóvenes que quieren emanciparse. Personas que pueden encontrarse ante la incertidumbre de no saber si podrán continuar en su casa cuando termine su contrato.

La vivienda no es solamente una cuestión económica. Tampoco es exclusivamente un problema de mercado. Es, como reconoce nuestra Constitución, un derecho que obliga a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias para hacerlo efectivo.

Por supuesto, cualquier medida puede y debe ser discutida. Se puede considerar que una determinada regulación es insuficiente, excesiva, ineficaz o mejorable. Se puede discrepar de los mecanismos elegidos por un Gobierno. Se pueden plantear alternativas. En política democrática, todo eso forma parte del debate.

El precio de la vivienda, especialmente del alquiler, se ha convertido en una de las principales preocupaciones de muchas familias. Y cuando hablamos de vivienda hablamos también de igualdad, de oportunidades, de emancipación juvenil, de conciliación, de arraigo en nuestros barrios y, en definitiva, de la posibilidad de construir un proyecto de vida.

Quizá por eso me cuesta entender que una cuestión de esta dimensión pueda quedar reducida a una suma de votos. 172 frente a 178; 166 frente a 184. Son los números de ayer. Pero no cuentan toda la historia.

También existe otra realidad: la de los ayuntamientos. Los municipios estamos muchas veces en primera línea. Somos quienes escuchamos a los vecinos, quienes conocemos los problemas de nuestros barrios, quienes recibimos demandas de familias que buscan una solución. Podemos promover vivienda pública, gestionar suelo, impulsar rehabilitación, desarrollar programas de ayuda o mediación y utilizar las herramientas que tenemos a nuestro alcance.

Pero un ayuntamiento no puede resolver por sí solo un problema que tiene dimensiones económicas, sociales, fiscales, urbanísticas y regulatorias mucho mayores.

Por eso las políticas de vivienda necesitan coordinación entre administraciones. Y necesitan también algo que parece cada vez más difícil: acuerdos que permitan que una política pública tenga continuidad.

Ayer no se votó «la vivienda» en abstracto. Se votaron dos normas concretas. Conviene decirlo así para no convertir el debate en una caricatura. Los grupos parlamentarios que votaron en contra tienen sus propios argumentos y han defendido públicamente que las medidas no eran adecuadas o que había otras formas de abordar el problema. El resultado, sin embargo, es objetivo: ambas normas fueron rechazadas y dejaron de estar vigentes.

Y quizá esa sea precisamente la cuestión que deberíamos hacernos.

¿Qué hacemos ahora? Porque podemos discutir durante horas quién tiene la culpa, quién negoció mal, quién votó con quién o quién salió políticamente beneficiado de la derrota parlamentaria. Todo eso forma parte de la política y tendrá sus consecuencias. Pero mientras tanto, la pregunta de la persona que busca una vivienda sigue siendo exactamente la misma. ¿Dónde voy a vivir?

Ayer una mayoría del Congreso prefirió mantener su línea electoralista, sin un ápice de humanidad, siguiendo con el acoso y derribo del Gobierno, y sobre todo de su presidente. Que no nos despisten con argumentos que no tienen lógica ni base. Aquí manda el dinero, y solo el dinero, junto con la ambición de poder para seguir sirviéndolo. 

Sed felices.


domingo, 27 de septiembre de 2026

Una de las dos Españas ha de helarte el corazón

 

 

 Acampada en la Puerta del Sol (Madrid), en directo: última hora de las  manifestaciones contra los desahucios - AS.com

 

 

 Ayer, sábado 26 de octubre, en la ciudad de Madrid tuvieron lugar dos manifestaciones.

Una, convocada por la ultraderecha y la derecha ultra, pedía por enésima vez la convocatoria de elecciones y el procesamiento por traición del presidente del Gobierno.

La otra reclamaba bajo la efigie de Mª Carmen, la anciana expulsada de su casa de manera ignominosa, que se acabe con la especulación inmobiliaria, los fondos buitre y se facilite una vivienda digna a aquellos que la necesite. Dicha manifestación se inició bajo el famoso ático comprado por la comunidad de Madrid, y cuyo uso, aún, no se ha esclarecido ante las numerosas contradicciones de Ayuso. El esplendor de tantos jóvenes suponía una esperanza.

Yo creo que nunca, como ayer, se visualizó la gran división en la que se encuentra nuestro país.¿Por qué digo esto? Pues porque partidos que se manifestaban ayer "por la dignidad" votaron en contra de un Decreto que podía haber remediado la situación de la anciana desahuciada. Y es curioso que esa DIGNIDAD  que defienden solo se reduzca al ámbito territorial y, en este caso a la españolidad representada por Ceuta.

Pero esa otra DIGNIDAD que representan los servicios públicos: sanidad, educación, dependencia, la vivienda pilares de nuestro estado de bienestar que ayudan a la igualdad en lo esencial entre nuestra ciudadanía, a Marcos de Quinto, Feijóo, Abascal, y sus seguidores no les interpelan para nada. Si no hay camas en los hospitales, si las intervenciones quirúrgicas se pierden en el tiempo, si los escolares se  se cuecen en las aulas, si las personas vulnerables no tienen respuesta, si no hay vivienda asequible, eso les trae al pairo. Ellos son más de, botellín en mano, en la cubierta de un yate, apelar a la unidad de España, y cantar, en algunos casos el Cara al sol.

Hoy, la gente que está harta de los dimes y diretes, de hablar de españolidad   luego abandonar a la ciudadanía, que ha ocupado la Puerta del Sol, centro neurálgico de la capital de España para decir que ya está bien, que no puede haber más personas como Mª Carmen, y que hay que dar soluciones.

El martes de debate el nuevo decreto sobre vivienda. Espero que quien tiene que estar, esté a la altura. El gobierno de España en lo que le compete. La oposición en lo que es su responsabilidad.

No puede ser que sigamos haciendo realidad los versos del maestro Machado. No puede ser que el corazón de una parte de españoles y españolas siga sufriendo el frío físico y moral de no tener una vivienda segura donde poder hacer su proyecto de vida, o se levante cada amanecer pensando que puede ser que la desahucien. No puede ser.

Porque si permitimos que suceda ninguna bandera, ningún himno, tapará las vergüenzas de ser cómplices., que al fin y a la postre, es lo contrario de la dignidad.

Sed felices.

(c)FOTO DIARIO AS

domingo, 20 de septiembre de 2026

De bulos y payasadas

 Nariz de clown Silicona ▷ Comprar en 441Malabares 

Ayer estuve en una fiesta familiar. Primos, tíos, sobrinos, venidos de diversas partes, pero con una misma pregunta: ¿Habéis encontrado ya al Payaso de Rivas?

A veces no nos damos cuenta de la fuerza de los medios o de como calan los bulos que se lanzan. En este caso, aún habiendo demostrado su inexistencia, el famoso "payaso de Rivas" aún pervivía en mucha de la ciudadanía madrileña.

Los bulos no son de ahora, han existido siempre dentro del imaginario popular. La diferencia es que ahora, amparados y difundidos en cero coma se han convertido en el arma arrojadiza más letal para la democracia.Son recogidos por los principales dirigentes, como pasó en la ciudad ripense, cuya portavoz popular no tuvo empacho de hacerse un vídeo difundiendo algo que tuvo que ser desmentido por las mismas fuerzas de seguridad. ¿Y con qué propósito el partido de la oposición lo hizo? Simplemente para atacar las políticas del gobierno municipal. Qué más daba que no fuera cierto.

Pero es curioso como también aparece la estrategia contraria. Cuando hay que afrontar la verdad, se decide que no, que eso es un bulo. Muy próxima tenemos esa reacción. La presidenta Díaz Ayuso, al verse literalmente acorralada por el asunto del ático (¿sabremos alguna vez para qué se compró?)  determinó como "bulo del culo" el nuevo escándalo en un hospital público madrileño. Más allá de que esa expresión no sería de esperar por parte de la primera dignataria de Madrid, bastante ordinaria, debemos fijarnos que la salida mejor es huir hacia delante y señalar que todo es un  bulo, que todo es mentira, aunque se caiga por su propio peso. Ayuso lanza esa frase para distraer del tema principal, que es su inoperancia en la gestión.

Mucho se ha escrito sobre la utilidad de los bulos, en los que la ultraderecha y la derecha ultra son campeones. Primero se lanza el bulo, luego se saca la noticia. En ese momento se pone en marcha la maquinaria de denuncias de las asociaciones ultras bien pagadas, y por último se utiliza políticamente, machacando en medios y redes hasta que la ciudadanía no sabe, no recuerda, como comenzó ese círculo diabólico.

Soy consciente, mis queridos lectores, de que es difícil en estos momentos, a veces, distinguir la verdad de la mentira, pero debemos ser consecuentes. Si algo que oímos o leemos nos chirría, vayamos a la fuente, vayamos a la ciencia. No, la tierra no es plana, ni llevamos un chip implantado por las vacunas. Pero para muchos seguidores de la teoría de la conspiración es más fácil creer que nos manipulan a ser responsables de su propia suerte.

Tenemos que saber diferenciar la información de la propaganda. Os recomiendo que leáis o releáis Los 11  principios de la propaganda de Goebbels. Haced dos columnas, en una el principio nazi, en otra su correspondencia actual. Entonces entenderéis que la cosa va más allá de payasos y culos.

Lo bueno es que las urnas no admiten discusión.

Sed felices.


sábado, 12 de septiembre de 2026

La Ley de Nietos: una falacia sobre la manipulación del censo

No hay ninguna descripción de la foto disponible. 

Hay palabras que, de tanto repetirse, terminan adquiriendo apariencia de verdad. «Manipulación del censo» es una de ellas. Y la única manipulación existente es la derecha y ultraderecha española, que, temerosa de no volver a lograr el Gobierno de la nación, sigue royendo cualquier miserable alternativa para desgastar al actual.

En los últimos meses, y con especial intensidad en estos días, hemos escuchado que la llamada «Ley de Nietos» habría servido al Gobierno para inflar artificialmente el censo electoral con el propósito de alterar el resultado de unas futuras elecciones. Es una acusación muy grave. Y precisamente por eso conviene empezar por algo tan sencillo como acudir a los datos y distinguir conceptos que interesadamente se mezclan.

La llamada Ley de Nietos forma parte de la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022. Permite que determinados descendientes de españoles que tuvieron que abandonar el país por razones políticas, ideológicas o de persecución durante la Guerra Civil y la dictadura puedan acceder a la nacionalidad española. No se trata, por tanto, de una norma electoral, sino de una norma de reparación y reconocimiento de derechos. Que miles de personas hayan adquirido la nacionalidad española no significa automáticamente que hayan sido incorporadas al censo electoral de una circunscripción concreta. Y mucho menos significa que todas ellas vayan a votar.

Aquí aparece la primera trampa del discurso: nacionalidad, inscripción censal y voto son cosas diferentes.

Es cierto que el Censo Electoral de Españoles Residentes Ausentes (CERA) ha aumentado de forma muy importante. Hasta julio de 2026 se contabilizaban más de 408.000 nuevas inscripciones relacionadas con este proceso. Y también es cierto que la Ley de Memoria Democrática ha generado un volumen extraordinario de solicitudes: más de un millón habían sido tramitadas hasta finales de 2025.

Pero de ahí a afirmar que existe una operación política para «fabricar» un censo favorable a una determinada opción electoral hay un abismo. Porque hay otra pregunta que casi nunca se formula: ¿a quién votan esas personas? La respuesta honesta es que no lo sabemos. No existe ninguna papeleta que lleve escrito «nacionalizado por la Ley de Memoria Democrática». No existe un voto ideológicamente predeterminado por el lugar donde nació el abuelo o por las circunstancias en las que tuvo que exiliarse.

Es más: convertir a cientos de miles de ciudadanos españoles en un supuesto bloque electoral de izquierdas constituye una presunción política, no un dato. Y hay algo todavía más importante. Una persona que adquiere legalmente la nacionalidad española adquiere también los derechos políticos que corresponden a cualquier ciudadano español. No es razonable sostener que puede ser español para unas cosas pero no para votar. La ciudadanía no puede tener grados según la vía por la que se obtuvo. Esto es precisamente lo preocupante de lo sucedido ahora.

El Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente el derecho al voto de ciudadanos nacionalizados mediante esta vía que no hayan acreditado individualmente determinadas circunstancias de exilio. El Supremo considera que existe un «peligro fundado, real y serio» de afectación de la objetividad electoral. La decisión no demuestra que haya existido manipulación del censo ni que el Gobierno haya organizado un fraude electoral. Es una medida cautelar adoptada mientras se resuelve el fondo de la cuestión. 

Aquí está, a mi juicio, el verdadero problema. Podemos discutir si los procedimientos administrativos utilizados fueron suficientemente rigurosos. Podemos exigir transparencia, trazabilidad y criterios homogéneos para determinar la inscripción electoral. De hecho, la propia Junta Electoral Central ha pedido aclaraciones al INE sobre cómo atribuir municipio de voto a estos nuevos ciudadanos. Lo que no deberíamos hacer es convertir una discusión administrativa y jurídica en la demostración de una conspiración política.

Porque una cosa es decir: «Hay que garantizar que el procedimiento sea impecable». Y otra muy diferente afirmar: «El Gobierno está manipulando el censo para ganar las elecciones». La primera es una exigencia democrática. La segunda necesita pruebas.

Hasta ahora, lo que tenemos es un aumento real de ciudadanos españoles y del CERA, una norma aprobada por las Cortes Generales, miles de expedientes tramitados y una controversia jurídica sobre cómo deben acreditarse determinadas circunstancias. No una prueba de que el Gobierno haya fabricado votos.

Quizá deberíamos recordar algo elemental: los españoles que viven fuera de España también son españoles. Sus abuelos pudieron marcharse huyendo de una guerra, de una dictadura, de la persecución o del hambre. Recuperar la nacionalidad que les fue negada durante décadas no convierte su voto en sospechoso. La democracia consiste precisamente en eso: en que los derechos no dependan de que nos guste o no el posible sentido de una papeleta.

Porque cuando se empieza a considerar sospechoso el derecho al voto de quien se cree que puede votar «al otro», el problema ya no está en el censo, el problema está en la ambición de romper las reglas de igualdad que son la base de nuestros derechos fundamentales, y en la manera de entender  la democracia. Y curiosamente, siempre son los mismos.

 

domingo, 6 de septiembre de 2026

La burla del señor diputado. (Aylan tenía tres años)

Foto Aylan Kurdi refugiado 

 

Hay imágenes que deberían avergonzarnos. No porque sean nuevas. Precisamente porque ya las hemos visto demasiadas veces.

Esta semana he vuelto a ver la imagen de Aylan Kurdi. Aquel niño sirio de tres años cuyo cuerpo apareció tendido en una playa en 2015, después de que la embarcación en la que viajaba con su familia naufragara mientras huían de la guerra. Durante unos días, aquella fotografía nos sacudió. El mundo pareció detenerse ante el cuerpo diminuto de un niño vestido con una camiseta roja.

Aylan tenía tres años. Solo tres. Su muerte se convirtió en el símbolo de una tragedia que entonces llamábamos «crisis de los refugiados». Como si las palabras pudieran hacer más soportable lo insoportable. Como si detrás de aquella expresión no hubiera miles de personas huyendo de las bombas, del hambre, de la persecución, de la muerte.

Han pasado once años. Y esta semana, en el Congreso de los Diputados, Patxi López hablaba de Aylan.Rafael Hernando se reía. Después hizo el gesto de llorar, como una caricatura, como una burla. Su partido calla.

He visto las imágenes varias veces y todavía me cuesta creerlas. No sé qué puede llevar a un ser humano a reírse cuando otro habla de un niño muerto. No sé qué mecanismo interior permite convertir la muerte de un pequeño que jamás conoceremos en un motivo de sarcasmo. No sé en qué momento dejamos de mirar a las víctimas como personas para convertirlas en argumentos, estadísticas, amenazas o enemigos.

Pero quizá esa sea precisamente la cuestión. Porque Aylan no era un argumento. Era un niño. Tenía un nombre. Tenía unos padres. Probablemente tenía miedo. Probablemente lloró. Probablemente alguien lo abrazó muchas veces antes de aquella última travesía. Probablemente había alguien que le prometió que al otro lado del mar estarían a salvo.Murió.

Como mueren tantos otros niños cuyos nombres ni siquiera llegamos a conocer. Por eso no me interesa demasiado discutir si Rafael Hernando quiso burlarse exactamente de Aylan, de Patxi López o de cualquier otra cosa. Hay gestos que, una vez hechos, hablan por sí mismos.

Aquel gesto habla de algo mucho más profundo que de la falta de educación de un diputado. Habla de la deshumanización. De esa peligrosa capacidad que tenemos para mirar el sufrimiento ajeno y conseguir que deje de afectarnos. Para pensar que unas vidas valen menos que otras. Para indignarnos ante la muerte de los nuestros y encogernos de hombros ante la muerte de los demás.

Primero dejamos de ver personas. Después dejamos de ver niños. Y finalmente dejamos de ver seres humanos. Solo vemos «migrantes». «Extranjeros». «Los que vienen». «Los otros».

Quizá por eso la fotografía de Aylan sigue siendo tan insoportable. Porque durante unos segundos no vemos a un migrante. No vemos a un refugiado. No vemos una cifra. Vemos a un niño pequeño, con sus zapatos puestos, tumbado boca abajo en una playa.

Eso debería bastar. Debería bastar para que nadie pudiera reírse. Debería bastar para que cualquier Parlamento, cualquier Gobierno y cualquier sociedad entendiera que hay cosas que están por encima de nuestras diferencias políticas. La muerte de un niño es una de ellas.

Podemos discutir sobre fronteras. Sobre inmigración. Sobre políticas de acogida. Sobre seguridad. Sobre recursos. Sobre leyes. Podemos discrepar profundamente. Pero hay una línea que no deberíamos cruzar nunca. La línea que separa la discusión política de la pérdida de humanidad. Porque cuando alguien se ríe ante la muerte de un niño, el problema ya no es solamente esa persona.

El problema es qué clase de sociedad estamos construyendo si somos capaces de acostumbrarnos a verlo. Aylan murió en 2015. Quizá lo verdaderamente terrible es que, once años después, seguimos necesitando recordar que era un niño.

 FOTO ACNUR